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Trabajadores inmigrantes en riesgo: el subcontratista del edificio Pfizer

Un edificio de 37 pisos en Manhattan casi se derrumba en julio de 2026, y los trabajadores dentro vieron cómo las columnas cedían. Ahora se sabe que el subcontratista de demolición tenía años de multas, un empleado muerto y una demanda federal por robo de salarios presentada por trabajadores inmigrantes. La pregunta es: ¿cómo obtuvo permisos para seguir trabajando?

Ayer·2 min de lectura
Trabajadores inmigrantes en riesgo: el subcontratista del edificio Pfizer

El edificio en 235 E. 42nd Street en Manhattan estuvo a punto de colapsar en julio de 2026, obligando a evacuar edificios vecinos. Lo que muchos no saben es que el subcontratista de demolición en esa obra —Northeast Specialist Group y sus empresas relacionadas— acumulaba años de multas, muertes de trabajadores y demandas por robo de salarios presentadas por empleados inmigrantes.

Un historial de violaciones que nadie detuvo

Según registros públicos del Departamento de Edificios de Nueva York (DOB, por sus siglas en inglés), la ciudad otorgó permisos de demolición a Northeast Specialist Group en 2024 y 2025. El permiso más reciente venció el 18 de junio de 2026. Las tres empresas vinculadas al mismo dueño, Stephen DeFlorio —Northeast Specialist Group, Northeast Service Interiors y Nordest Services LLC— comparten dirección y teléfono en Maspeth, Queens. Entre las tres acumulan multas por fallas de seguridad, un trabajador de Nordest muerto en 2020 cuando un extintor a presión explotó, y $255,000 en penalidades del DOB desde 2015 por 146 violaciones de seguridad.

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En 2019, seis empleados inmigrantes presentaron una demanda colectiva federal (class action lawsuit) contra DeFlorio y sus empresas por robo sistemático de salarios (wage theft). El caso se resolvió fuera de corte con un pago de $215,000 a los trabajadores. En 2013, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York también determinó que Northeast debía $46,323 en salarios a 10 trabajadores y ordenó el pago de restitución. En 2015, Pedro Basilico, un inmigrante mexicano de 26 años, murió en una obra de Manhattan cuando cinco pisos colapsaron sobre él mientras trabajaba para Northeast.

El sindicato Laborers Local 79 lleva tres años alertando sobre el historial de seguridad de estas empresas. Un informe de 2026 del New York Committee for Occupational Safety and Health encontró que el 81% de las muertes en construcción en el estado ocurrieron en obras sin sindicato. Los trabajadores inmigrantes, que con frecuencia laboran en estas condiciones, son quienes más riesgo enfrentan.

Qué hacer si usted trabaja en construcción y enfrenta condiciones inseguras

  • Documente todo: tome fotos o videos de las condiciones peligrosas en su lugar de trabajo. Guarde mensajes de texto o correos relacionados con su empleo y salario.
  • Conozca su derecho a reportar: cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio, puede presentar una queja ante OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) sin revelar su situación migratoria. OSHA tiene prohibido compartir esa información con ICE.
  • Si no le pagaron lo que le deben: puede presentar una reclamación de salarios ante el Departamento de Trabajo de su estado o ante el Departamento de Trabajo federal. El estatus migratorio no le quita ese derecho.
  • Busque apoyo legal: organizaciones de trabajadores y abogados de derechos laborales pueden ayudarle a presentar una demanda por robo de salarios o condiciones inseguras. Muchos ofrecen consultas gratuitas.
Consejo del abogado
Илья Фишкин — иммиграционный адвокат
Ilya Fishkin

Abogado de inmigración, 20+ años de experiencia

Fishkin Law Firm, New York

Los trabajadores inmigrantes tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro empleado bajo la ley federal, incluyendo el derecho a un lugar de trabajo seguro y al pago completo de sus salarios. Una queja ante OSHA o el Departamento de Trabajo no activa un proceso migratorio: estas agencias operan de forma independiente a ICE. Si su empleador le debe salarios o lo expuso a condiciones peligrosas, tiene un plazo limitado para presentar su reclamación —generalmente dos o tres años según el tipo de caso—, por lo que es importante actuar pronto. Consulte con un abogado laboral o de inmigración para entender sus opciones sin comprometer su situación migratoria.

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