Carga pública 2026: DHS elimina regla y amplía discreción
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió su regla de carga pública (public charge) de 2022 y devolvió a los oficiales de inmigración la discreción total para evaluar si un inmigrante podría convertirse en una carga para el gobierno. El cambio afecta directamente a quienes solicitan la tarjeta verde (green card) o ajuste de estatus dentro de EE.UU. Lo que antes era una lista cerrada de factores mínimos ahora puede incluir cualquier información que el oficial considere relevante.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió formalmente su regla de carga pública (public charge inadmissibility) de 2022 y restauró la discreción amplia que los oficiales de inmigración tenían históricamente para determinar si un solicitante podría depender del gobierno. La decisión se publicó en el Registro Federal y recibió 5,882 comentarios durante el primer período de comentarios de 30 días, y 2,964 comentarios adicionales durante un período paralelo de 60 días.
Qué cambia con esta decisión
Bajo la regla anterior, los oficiales debían ceñirse a una lista de factores mínimos establecidos por ley. Con la rescisión, DHS argumenta que el Congreso nunca quiso limitar esa lista: los factores legales son un piso, no un techo. El Cuarto Circuito de Apelaciones ya había señalado en el caso CASA de Maryland v. Trump (2020) que el Ejecutivo tiene una discreción amplia y definitiva sobre esta determinación. DHS cita esa lógica para justificar el cambio.
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Tres agencias aplican la regla de carga pública en distintos contextos: DHS la aplica en puertos de entrada y al adjudicar solicitudes de ajuste de estatus (I-485); el Departamento de Estado (DOS) la aplica en entrevistas consulares para visas; y el Departamento de Justicia (DOJ) la aplica en cortes de inmigración durante procedimientos de remoción. Esta regla no modifica los estándares de DOS ni de DOJ.
El cambio también es relevante porque la Ley de Reconciliación H.R. 1 (Ley Pública 119-21, promulgada el 4 de julio de 2025) ya había modificado la elegibilidad para programas como SNAP y Medicaid para ciertos inmigrantes. Ahora, con una discreción más amplia para los oficiales, el historial de uso de esos programas puede tener mayor peso en la evaluación de inadmisibilidad.
Qué hacer si tiene una solicitud pendiente
- Revise con un abogado de inmigración qué beneficios públicos ha recibido y cómo podrían interpretarse bajo los nuevos criterios.
- Si su petición requiere un patrocinador económico, asegúrese de que el Formulario I-864 (Affidavit of Support) esté actualizado y refleje ingresos iguales o superiores al 125% de la línea federal de pobreza (o 100% si el patrocinador es militar en servicio activo).
- Documente su situación económica actual: cartas de empleo, estados de cuenta y cualquier evidencia de autosuficiencia financiera.
- No tome decisiones sobre su caso basándose solo en la regla anterior; consulte a un abogado antes de su próxima entrevista con USCIS o en el consulado.
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Con esta rescisión, los oficiales de USCIS y CBP pueden considerar cualquier factor que estimen relevante al evaluar la inadmisibilidad por carga pública, no solo los mínimos que establecía la regla anterior. Eso significa que el historial de beneficios públicos, los ingresos actuales y hasta la situación familiar pueden pesar más que antes en la decisión. Si su caso involucra el uso de programas como Medicaid o SNAP, es momento de revisar su expediente con un abogado de inmigración antes de presentarse a una entrevista.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la inadmisibilidad por carga pública (public charge)?
Es una regla que permite a los oficiales de inmigración negar una visa o green card a alguien que, según su evaluación, tiene probabilidades de depender principalmente del gobierno para su sustento. Los factores incluyen edad, salud, situación económica, historial laboral y uso de ciertos beneficios públicos.
¿Usar Medicaid o SNAP me puede afectar en mi solicitud de green card?
Posiblemente. Con la rescisión de la regla de 2022, los oficiales tienen más libertad para considerar el historial de beneficios públicos. No todos los programas cuentan igual, pero es importante revisar su caso con un abogado antes de presentar o continuar una solicitud.
¿Esta regla afecta a todos los inmigrantes?
No a todos. Algunos grupos están exentos de la evaluación de carga pública, como refugiados, asilados, personas con TPS y ciertos inmigrantes especiales. Si no está seguro si aplica a su caso, consulte con un abogado de inmigración.
¿El Departamento de Estado también cambió sus reglas?
No. Esta rescisión de DHS no modifica los estándares ni los procesos del Departamento de Estado para entrevistas consulares, ni los del Departamento de Justicia para cortes de inmigración.