Corte revierte orden de deportación de residente de 56 años

¿Qué pasa cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA) ignora por completo los argumentos de un inmigrante? En noviembre de 2026, el Séptimo Circuito de Apelaciones respondió esa pregunta con claridad: la decisión no se sostiene y el caso regresa.

Robert Savio Panton llegó a Estados Unidos en 1970 como residente permanente legal (lawful permanent resident, LPR). Tenía cuatro años. Décadas después fue condenado por una conspiración de drogas a gran escala y sentenciado a cadena perpetua. En 2020 un tribunal federal le concedió una liberación por razones humanitarias (compassionate release). El mismo día que salió de prisión, las autoridades de inmigración iniciaron el proceso para deportarlo a Jamaica.

Panton tenía una salida posible: la visa U, disponible para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades. Él había sobrevivido un intento de asesinato y colaboró con la investigación. El Departamento de Policía de Nueva York tardó casi tres años en certificar esa cooperación — la certificación llegó el 11 de diciembre de 2023, demasiado tarde para presentarla ante el juez de inmigración. Panton pidió entonces al BIA que reabriera su caso, invocando la doctrina de equitable tolling (extensión del plazo por razones de equidad), que permite superar el límite de 90 días cuando circunstancias ajenas al solicitante causaron el retraso. El BIA negó la reapertura con dos errores graves: afirmó que Panton nunca había pedido esa extensión — lo cual era falso — y confundió la solicitud de una dispensa de inadmisibilidad (waiver of inadmissibility) con la emisión de una visa U, dos cosas completamente distintas. Además, ignoró por completo la petición de Panton de cerrar administrativamente el proceso de remoción mientras el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) resolvía su solicitud de visa U.

El propio abogado del gobierno ante el Séptimo Circuito reconoció los errores del BIA. Aun así, argumentó que eran inofensivos. El tribunal no estuvo de acuerdo. Aplicando el principio Chenery — que obliga a las agencias a defender sus decisiones con sus propios razonamientos, no con argumentos nuevos presentados en corte — los jueces Easterbrook, Scudder y Lee ordenaron devolver el caso al BIA para que lo analice correctamente. El tribunal también señaló que la Corte Suprema tiene pendiente el caso Roney v. Barbosa da Cunha, No. 26–104, que podría aclarar cuándo un inmigrante que fue admitido legalmente pero luego removido puede pedir una dispensa de inadmisibilidad al Departamento de Justicia.

Qué significa esto para usted

• Si el BIA negó su moción de reapertura (motion to reopen) sin mencionar sus argumentos principales, eso puede ser base para una petición de revisión judicial ante una corte de apelaciones.
• El plazo de 90 días para reabrir un caso ante el BIA no es absoluto: si un retraso fuera de su control le impidió presentar evidencia a tiempo, puede pedir equitable tolling. Documente ese retraso con fechas y comunicaciones.
• Si tiene una solicitud de visa U pendiente ante USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración), consulte con un abogado si puede pedir el cierre administrativo de su proceso de remoción mientras espera la decisión.
• Una dispensa de inadmisibilidad (waiver of inadmissibility) y una visa U son trámites separados. Confundirlos puede costarle años de proceso — asegúrese de que su abogado los distinga claramente en cada escrito.

Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Apelación ante la BIA».