Corte federal desestima demanda de inversores EB-5 contra USCIS

Qué pasó en el caso Gupta v. Mullin

En enero de 2026, seis nacionales de India y China presentaron una demanda federal contra el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y funcionarios de USCIS. Cada uno había invertido $800,000 dólares en una empresa comercial en un área de alto desempleo —conocida como "targeted employment area"— para calificar al programa de visa EB-5. Todos presentaron sus peticiones I-526E entre enero y diciembre de 2023, y ninguna había sido procesada al momento del fallo. El caso se registró como Gupta v. Mullin, No. 26-cv-00114, ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

Los demandantes argumentaron que la demora de USCIS era irrazonable y pidieron al tribunal que ordenara al gobierno adjudicar sus peticiones bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mandamus. El gobierno respondió que el tribunal no tenía jurisdicción para revisar cómo o en qué orden USCIS procesa esas peticiones, porque la ley le da al Secretario de DHS discreción para establecer el "orden y la manera" de procesarlas.

Por qué el tribunal rechazó la demanda

El juez dio la razón al gobierno. La clave está en el artículo 8 U.S.C. § 1252(a)(2)(B)(ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe a los tribunales revisar decisiones o acciones del Secretario de DHS cuando la ley le otorga discreción. El tribunal concluyó que la forma en que USCIS prioriza y procesa las peticiones I-526E cae dentro de esa discreción, siguiendo la lógica de la decisión reciente de la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026), que también bloqueó la revisión judicial de decisiones discrecionales en materia de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Vale señalar que otros jueces del mismo distrito han llegado a conclusiones opuestas en casos similares, lo que muestra que este debate legal aún no está completamente resuelto.

La ley EB-5 Reform and Integrity Act de 2022 (RIA) sí establece plazos de procesamiento —por ejemplo, 120 días para peticiones en áreas de alto desempleo— pero deja al Secretario de DHS la potestad de definir el orden de procesamiento. Dos de los demandantes originales vieron sus peticiones aprobadas durante el proceso judicial y sus casos fueron desestimados por falta de controversia activa. Los seis restantes quedaron sin recurso judicial tras el fallo de noviembre de 2026.

Qué significa esto para otros inversores EB-5

Este fallo no es el único en su tipo. Otros tribunales del Distrito de Columbia han resuelto casos similares en 2026, con resultados mixtos. Casos como Camarena v. Mullin y Rayan v. Mullin siguieron la misma línea que este fallo, mientras que Park v. Edlow llegó a la conclusión contraria. Esa división entre jueces del mismo distrito significa que la cuestión podría eventualmente llegar a un tribunal de apelaciones. Mientras tanto, los inversores EB-5 con peticiones pendientes no tienen garantía de que un tribunal federal pueda obligar a USCIS a actuar más rápido.

Qué hacer si tienes una petición I-526E pendiente

• Verifica el estado de tu petición en el portal en línea de USCIS y guarda capturas de pantalla con fechas como evidencia del tiempo de espera.
• Consulta con un abogado de inmigración especializado en EB-5 para evaluar si tu caso tiene características que lo distingan de los ya desestimados, como errores procedimentales de USCIS.
• Revisa si tu inversión fue en un área de alto desempleo (targeted employment area), ya que la ley establece un plazo de 120 días para esos casos, aunque los tribunales han limitado la posibilidad de exigirlo judicialmente.
• Mantente al tanto de posibles apelaciones o nuevas decisiones en el Circuito de D.C. que puedan cambiar el panorama legal para inversores en situación similar.

Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Apelación ante la BIA».