EE.UU. deportó a refugiados protegidos a Guinea Ecuatorial
Al menos 65 personas con protección otorgada por jueces de inmigración de EE.UU. fueron transferidas por la fuerza a Guinea Ecuatorial, un país con el que no tenían ningún vínculo. La administración Trump pagó 7.5 millones de dólares al gobierno de ese país para que aceptara a estos nacionales de terceros países. Varios de ellos ya fueron enviados de regreso a los lugares de los que huyeron, en violación directa de las órdenes de protección emitidas por tribunales estadounidenses.
Adam tiene 26 años y lleva casi un año confinado en una habitación del Hotel Bamy en Malabo, Guinea Ecuatorial. Soldados del régimen controlan sus movimientos. Hace poco irrumpieron en su cuarto, lo esposaron y golpearon. No hay cargos formales, no hay sentencia, no hay nada por escrito. Solo una habitación de hotel convertida en celda.
Adam huyó del servicio militar forzado en su país de origen. Un juez de inmigración de EE.UU. escuchó su caso, determinó que enfrentaría persecución si regresaba y emitió una orden formal de protección. Aun así, en noviembre de 2025, EE.UU. lo puso en un avión. Le dijeron que lo trasladaban a otro centro de detención estadounidense. Solo a mitad del vuelo de 13 horas y 10 minutos —ya esposado— supo que el destino era Guinea Ecuatorial, un país donde nunca había estado y donde, según el informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado, se reportan torturas en todas las prisiones del país.
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Un acuerdo de 7.5 millones de dólares con un régimen corrupto
La administración Trump redirigió 7.5 millones de dólares —fondos que el Congreso aprobó para asistencia humanitaria a refugiados— para pagar al gobierno de Guinea Ecuatorial a cambio de que aceptara nacionales de terceros países expulsados desde EE.UU. Eso representó un aumento del 275% en asistencia extranjera a un régimen que organizaciones de derechos humanos llevan décadas documentando por corrupción y abusos. Desde entonces, al menos 65 personas fueron transferidas por la fuerza a ese país. Casi todas contaban con protección otorgada por jueces de inmigración estadounidenses. Guinea Ecuatorial ha ido enviando a varias de ellas de regreso a los países de los que huyeron, en violación de las órdenes de protección.
En las últimas semanas, dos de los refugiados detenidos en Guinea Ecuatorial —Ahmed Soliman, un ciudadano egipcio que vivió en Arizona desde los tres años, y Samson Birhane— fueron arrestados violentamente por la policía local, según testigos y abogados. Ambos permanecen incomunicados bajo custodia policial. Adam, por su parte, ha estado enfermo de malaria y fiebre tifoidea desde noviembre. Su segunda solicitud de asilo, presentada ante autoridades de Guinea Ecuatorial en enero de 2026, sigue sin resolverse. El juez del caso le dijo a su abogado local que no tiene autoridad para resolverla: esos casos los maneja directamente el vicepresidente del país.
Qué significa esto para quienes tienen asilo o están en proceso de deportación
Human Rights First (HRF) y organizaciones aliadas impugnaron con éxito esta política de deportaciones a terceros países en un tribunal federal. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. intervino para permitir que estas transferencias continúen mientras resuelve el caso. HRF también opera la plataforma ICE Flight Monitor, que rastrea en tiempo real los vuelos de deportación hacia Guinea Ecuatorial y otros destinos. Según esa plataforma, EE.UU. tiene acuerdos de transferencia forzada con al menos 35 países.
Qué hacer si teme una deportación o traslado a un tercer país
- Guarde copias de cualquier orden de protección emitida por un juez de inmigración en un lugar seguro, y entregue copias a un familiar o abogado de confianza.
- Si está en detención y recibe aviso de traslado, pida a su abogado que presente de inmediato un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal para detener el traslado.
- Contacte a organizaciones como Human Rights First si no tiene representación legal; ofrecen asistencia en casos de deportación a terceros países.
- Informe a su abogado sobre cualquier cambio en su situación de detención, incluyendo traslados entre centros, ya que los vuelos pueden ocurrir sin previo aviso.
Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Cómo solicitar asilo».
Fishkin Law Firm, New York
Una orden de protección emitida por un juez de inmigración —ya sea asilo, suspensión de deportación (withholding of removal) o protección bajo la Convención contra la Tortura— es un fallo vinculante que prohíbe al gobierno enviarle a su país de origen. Sin embargo, como muestra este caso, el gobierno ha argumentado que puede transferirle a un tercer país distinto. Si está en detención y recibe cualquier aviso de traslado, su abogado debe presentar de inmediato un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal. Consulte con un abogado de inmigración especializado en defensa contra deportación antes de que sea demasiado tarde.
Preguntas frecuentes
¿Puede el gobierno deportarme a un país donde nunca viví si tengo protección de un juez?
Una orden de protección le protege de ser enviado a su país de origen. Sin embargo, la administración ha argumentado que puede transferirle a un tercer país distinto. El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió temporalmente que estas deportaciones a terceros países continúen mientras resuelve el caso. Por eso es vital tener un abogado activo en su caso.
¿Qué es una transferencia a un tercer país y cómo me afecta?
Es cuando el gobierno de EE.UU. le envía a un país que no es el suyo ni EE.UU., generalmente sin su consentimiento. En los casos documentados, las personas fueron informadas del destino real solo durante el vuelo, ya esposadas. Si está en proceso de deportación (removal proceedings), pregunte a su abogado si existe riesgo de este tipo de traslado.
¿Qué puedo hacer si ICE me notifica un traslado y tengo una orden de protección?
Contacte a su abogado de inmediato. Su representante legal puede presentar un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal para detener el traslado. También puede comunicarse con organizaciones como Human Rights First, que monitorea vuelos de deportación y ofrece asistencia en estos casos.
¿El dinero del Congreso para refugiados se está usando para estas deportaciones?
Según las organizaciones EG Justice y Human Rights First, la administración redirigió 7.5 millones de dólares de fondos aprobados por el Congreso para asistencia humanitaria a refugiados, y los usó para pagar al gobierno de Guinea Ecuatorial por aceptar a estas personas. Varias organizaciones están impugnando esta práctica ante tribunales federales y organismos internacionales.