Corte rechaza recurso sobre acuerdo de deportación a El Salvador
Un juez federal en Washington rechazó en septiembre de 2026 el intento de varias organizaciones de derechos humanos de reabrir un caso contra el acuerdo que permitió enviar inmigrantes desde custodia estadounidense a prisiones en El Salvador. El tribunal mantuvo su posición: anular ese acuerdo diplomático no habría cambiado nada, porque el gobierno tenía autoridad legal propia para hacer lo mismo. La decisión marca un límite importante para quienes buscan impugnar estas deportaciones en los tribunales.
¿Qué pasa cuando un tribunal ya cerró su puerta y las organizaciones que defienden a inmigrantes piden que la vuelva a abrir? Eso fue exactamente lo que ocurrió en septiembre de 2026, cuando el juez federal del Distrito de Columbia negó la reconsideración de un fallo anterior que había desestimado la demanda contra el acuerdo de deportación (deportation agreement) entre Estados Unidos y El Salvador.
El caso lo iniciaron Robert F. Kennedy Human Rights y otras organizaciones que brindan servicios legales a inmigrantes. Alegaban que un acuerdo diplomático entre ambos gobiernos permitió trasladar a personas bajo custodia estadounidense a prisiones salvadoreñas, donde —según la demanda— fueron privadas de acceso real a un abogado y sometidas a condiciones abusivas. El tribunal había desestimado la demanda en marzo de 2026 por falta de legitimación procesal (Article III standing), al concluir que anular ese acuerdo no habría remediado el daño: el gobierno federal tenía autoridad legal independiente, basada en estatutos, para seguir haciendo exactamente lo mismo sin necesidad del acuerdo.
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Las organizaciones intentaron reabrir el caso argumentando que el tribunal interpretó mal el alcance del acuerdo y que debía asumir que sus argumentos de fondo eran correctos. El juez rechazó ambos puntos. Señaló que el acuerdo diplomático no tenía fuerza legal vinculante por sí mismo, y que anularlo no habría cambiado la capacidad del gobierno de continuar los traslados. Para reforzar esa conclusión, el tribunal citó un fallo del Circuito de D.C. emitido en agosto de 2026, Coalition for Humane Immigrant Rights v. Mullin, donde la corte de apelaciones encontró el mismo problema: cuando el alivio solicitado no toca la autoridad legal subyacente que produce el daño, no hay legitimación para demandar.
Qué significa esto para los inmigrantes
Este fallo no cierra la puerta a futuros litigios sobre las condiciones en prisiones salvadoreñas ni sobre los traslados de personas bajo custodia de ICE a terceros países. Lo que establece es un límite procesal claro: una demanda debe atacar directamente la autoridad legal que produce el daño, no solo el instrumento diplomático que lo facilita. Organizaciones de defensa legal (deportation defense) que busquen impugnar estas prácticas tendrán que estructurar sus demandas de forma diferente, cuestionando los estatutos que el gobierno invoca como base independiente.
Qué hacer
- Si usted o un familiar fue trasladado a una prisión en El Salvador u otro tercer país desde custodia de ICE, documente todo: fechas, condiciones, acceso o negación de acceso a un abogado.
- Contacte a una organización de defensa legal de inmigración (immigration lawyer o nonprofit legal aid) lo antes posible. Este tipo de casos requieren argumentos legales muy específicos sobre qué autoridad legal se está cuestionando.
- Si está en procedimientos de remoción (removal proceedings), tiene derecho a ser notificado del país al que será deportado y, en muchos casos, a impugnar una deportación a un tercer país ante el juez de inmigración.
- Siga las actualizaciones de organizaciones como ACLU, Human Rights First o Robert F. Kennedy Human Rights, que continúan monitoreando estas prácticas.
Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Jurisprudencia de tribunales de inmigración».
Fishkin Law Firm, New York
Este fallo deja claro que demandar solo el instrumento diplomático —sin atacar los estatutos que le dan al gobierno autoridad independiente— no es suficiente para tener legitimación en corte. Si una organización o individuo quiere impugnar traslados a terceros países, la demanda debe cuestionar directamente esas bases legales estatutarias. Antes de presentar cualquier acción legal relacionada con deportaciones a terceros países, consulte con un abogado especializado en litigios de inmigración federal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador que mencionan los tribunales?
Se trata de un intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos que, según las organizaciones demandantes, permitió trasladar a personas bajo custodia de ICE a prisiones en El Salvador. El tribunal determinó que ese acuerdo no tenía fuerza legal vinculante por sí mismo.
¿Puede el gobierno deportar a alguien a un país que no es su país de origen?
Sí, en ciertos casos el gobierno puede remover a una persona a un tercer país. Sin embargo, existen protecciones legales, incluyendo el derecho a impugnar esa deportación si la persona enfrenta persecución o tortura en ese país. Un juez de inmigración puede revisar esos argumentos.
¿Por qué el tribunal desestimó la demanda si las condiciones en las prisiones eran abusivas?
El tribunal no evaluó si las condiciones eran abusivas o no. Lo que determinó es que las organizaciones demandantes no tenían legitimación procesal (standing) porque, aunque ganaran el caso, el gobierno podría continuar los traslados usando otras autoridades legales independientes del acuerdo impugnado.
¿Qué significa este fallo para futuros casos de deportación a El Salvador u otros países?
El fallo establece que las demandas futuras deben atacar directamente las leyes o estatutos que el gobierno usa como base para esos traslados, no solo los acuerdos diplomáticos. No cierra la puerta a nuevos litigios, pero exige una estrategia legal diferente.