Testigo deportada y juicio anulado: lección para inmigrantes
Aracely G. Hernandez fue condenada por asalto en primer grado en Oregon, pero la testigo clave ya no estaba en el país: había sido deportada a México. En noviembre de 2026, la Corte de Apelaciones de Oregon anuló esa condena y ordenó un nuevo juicio, porque el Estado leyó la transcripción del testimonio anterior sin haber buscado a la testigo de buena fe. La decisión establece un precedente directo sobre los derechos de confrontación cuando un testigo ha sido deportado.

Aracely Hernandez enfrentó un segundo juicio por asalto en primer grado después de que su primera condena fue anulada por falta de unanimidad del jurado. Para ese segundo juicio, la testigo principal ya había sido deportada a México. El Estado, en lugar de buscarla activamente, presentó la transcripción de su testimonio del primer juicio. El 12 de noviembre de 2026, la Corte de Apelaciones de Oregon revirtió la condena en el caso State v. Hernandez, No. A185506.
Dos errores que costaron la condena
El tribunal identificó dos problemas independientes, cada uno suficiente para anular el fallo. Primero, el juez de primera instancia instruyó al jurado de forma incorrecta: le dijo que bastaba con que Hernandez hubiera sido "criminalmente negligente" respecto al elemento de "arma peligrosa" del delito, cuando la ley exige probar que actuó intencionalmente. El Estado mismo reconoció ese error en apelación. Segundo, el tribunal determinó que el Estado no cumplió con su obligación de demostrar que la testigo era realmente "no disponible" antes de leer su testimonio anterior.
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Según la Corte de Apelaciones, los esfuerzos del Estado para localizar a la testigo fueron mínimos. El Estado sabía meses antes del juicio que la testigo había sido deportada. Sabía que ella llamaba a su padre desde distintos números, pero no hizo seguimiento cuando el padre no entregó esos números. Contactó al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) solo el día anterior al juicio y no recibió respuesta a tiempo. Nunca contactó al consulado mexicano ni intentó ubicar a la testigo en México ni llamarla por teléfono.
La deportación no hace automáticamente a un testigo "no disponible"
Este punto es clave para cualquier caso de inmigración o proceso penal donde un testigo haya sido deportado (removed). La Corte señaló que Oregon permite el testimonio por transmisión electrónica simultánea (videoconferencia) bajo ORS 131.045. Por eso, que una persona no pueda viajar físicamente a EE.UU. por una orden de deportación (removal order) no la convierte automáticamente en testigo "no disponible". El Estado debe primero intentar obtener su testimonio de forma remota. Como el Estado no hizo ese intento, el tribunal de primera instancia cometió un error al admitir la transcripción sobre la objeción de la defensa basada en el derecho de confrontación (Confrontation Clause) de la Sexta Enmienda y el Artículo I, sección 11, de la Constitución de Oregon. El caso fue devuelto para un nuevo juicio.
Qué significa esto para usted
- Si usted o un familiar han sido deportados y son testigos en un caso penal pendiente, tienen derechos: el Estado debe hacer un esfuerzo real y documentado para localizarlos antes de usar su testimonio anterior.
- Si enfrenta un proceso penal en EE.UU. y hay testigos fuera del país, su abogado defensor puede objetar la admisión de transcripciones si el Estado no demostró haber buscado activamente a esos testigos, incluso por videoconferencia.
- Documente toda comunicación con autoridades: si el Estado o la fiscalía lo contactan desde el exterior para pedirle que testifique, guarde registros de esas comunicaciones.
- Consulte con un abogado de inmigración y, si aplica, con un abogado penalista, porque una deportación puede afectar tanto su caso migratorio como cualquier proceso penal relacionado.
Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Jurisprudencia de tribunales de inmigración».

Fishkin Law Firm, New York
Cuando un testigo clave ha sido deportado, la fiscalía no puede simplemente leer la transcripción de un testimonio anterior: debe demostrar que agotó todos los medios razonables para obtener su presencia, incluyendo el testimonio por videoconferencia. Si usted es acusado en un caso así, su abogado debe objetar formalmente la admisión de esa transcripción desde el inicio del juicio, citando la Sexta Enmienda y la jurisprudencia estatal aplicable. Este fallo de Oregon refuerza esa estrategia de defensa. Consulte con un abogado penalista con experiencia en casos donde la deportación de testigos es un factor.
Preguntas frecuentes
¿Puede el Estado usar el testimonio anterior de un testigo deportado sin buscarlo primero?
No, según este fallo de la Corte de Apelaciones de Oregon. El Estado debe demostrar que hizo un esfuerzo real y de buena fe para localizar al testigo, incluyendo intentar obtener su testimonio por videoconferencia desde el exterior, antes de poder presentar una transcripción de un juicio anterior.
¿La deportación hace automáticamente a una persona 'no disponible' como testigo?
No necesariamente. El tribunal señaló que si la ley permite el testimonio por transmisión electrónica (videoconferencia), el hecho de que una persona no pueda viajar a EE.UU. por una orden de deportación no la convierte automáticamente en testigo no disponible. El Estado debe intentar primero obtener su testimonio de forma remota.
¿Qué es el derecho de confrontación y cómo protege al acusado?
El derecho de confrontación (Confrontation Clause) está en la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU. y garantiza que el acusado pueda interrogar directamente a los testigos en su contra. Usar una transcripción de un juicio anterior sin que el testigo esté disponible para ser interrogado viola ese derecho, a menos que el Estado demuestre que el testigo es genuinamente no disponible.
¿Este fallo aplica solo en Oregon o tiene efecto en otros estados?
El fallo de la Corte de Apelaciones de Oregon aplica directamente en ese estado. Sin embargo, el principio sobre el derecho de confrontación de la Sexta Enmienda es federal y aplica en todo EE.UU. Otros tribunales estatales pueden citar este razonamiento, especialmente en casos donde testigos han sido deportados.