Corte niega reapertura de deportación por cambio de ley

Aristy-Rosa llegó a EE.UU. en 1993 como residente permanente legal (lawful permanent resident, LPR). En 1997 se declaró culpable en Queens, Nueva York, de intento de venta de cocaína. Esa condena fue la base de una orden de deportación emitida en 2011, a la que él mismo consintió. Desde entonces, con ayuda legal, logró permanecer en el país presentando cuatro recursos sucesivos para reabrir o reconsiderar esa orden.

Qué decidió el tribunal en septiembre de 2026

El argumento central de Aristy-Rosa era que una decisión del Segundo Circuito de 2023, United States v. Minter, cambiaba la interpretación del estatuto de Nueva York bajo el que fue condenado. Según él, eso significaba que su condena ya no calificaba como delito de sustancias controladas bajo la ley de inmigración. El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito rechazó ese razonamiento con una regla clara: un cambio en la jurisprudencia no es un "hecho nuevo" ni "material probatorio" bajo 8 U.S.C. § 1229a(c)(7), que es el estatuto que regula las mociones de reapertura (motions to reopen). Los jueces Bibas, Porter y Bove señalaron que la ley exige hechos nuevos respaldados por evidencia como declaraciones juradas, no decisiones judiciales. Además, la moción de reconsideración estaba fuera de plazo y el tribunal determinó que no existían circunstancias extraordinarias para aplicar la doctrina de equitable tolling.

El tribunal también confirmó que carece de jurisdicción para revisar la negativa del BIA a reabrir el caso por su propia iniciativa (sua sponte reopening). En palabras del fallo, el propósito de una apelación es corregir errores legales, no permitir una demora indefinida de la deportación física. El Tercer Circuito negó la petición y ordenó que el caso avance hacia la ejecución de la orden de remoción.

Por qué esto importa si usted tiene una orden de deportación

Esta decisión establece un precedente vinculante en los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Si usted tiene una orden de deportación final y espera que un fallo judicial reciente en otro circuito cambie su situación, este caso indica que ese argumento no es suficiente para reabrir su proceso bajo la ley federal. Los plazos para presentar una moción de reapertura son estrictos: en general, 90 días desde la orden final y solo una moción por persona, salvo excepciones muy limitadas.

Qué hacer

• Si tiene una orden de deportación final, consulte con un abogado de inmigración lo antes posible para revisar si existe alguna base legal válida —no solo un cambio jurisprudencial— para reabrir su caso.
• Verifique los plazos: una moción de reapertura generalmente debe presentarse dentro de los 90 días de la orden final. Si ese plazo ya pasó, un abogado puede evaluar si aplica alguna excepción.
• No confíe únicamente en decisiones de otros circuitos (como el Segundo o el Noveno) si su caso está en el Tercer Circuito: esos fallos no son vinculantes aquí.
• Si recibió un perdón (pardon) estatal por una condena, consulte a un abogado: el fallo aclara que un perdón puede eliminar la base de "delito grave agravado" pero no necesariamente la de sustancia controlada.

Qué hacer, paso a paso — vea nuestra guía «Apelación ante la BIA».