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CBP decomisó más de $657,000 en cocaína y metanfetamina en Del Rio, Texas, en dos operativos realizados entre el 8 y el 11 de octubre de 2026. Ambos conductores detenidos son ciudadanos estadounidenses. Esta nota no tiene implicaciones directas para inmigrantes.

La Patrulla Fronteriza registró solo 98,708 aprehensiones en el año fiscal 2026, el número más bajo en la historia de la agencia y un 95% menos que bajo Biden. DHS confirmó además el primer año fiscal completo sin ninguna liberación de migrantes detenidos. Para quienes enfrentan deportación o planean cruzar, el mensaje del gobierno es claro: la detención es automática.

El invierno se acerca y miles de propietarios mayores en Nueva York pueden recibir hasta $8,000 para reemplazar su sistema de calefacción sin costo alguno. El programa HERR, parte del HEAP, ya está abierto para el ciclo 2026-2027 y los fondos son limitados. Los que apliquen primero tienen más posibilidades de recibir el beneficio.

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Una empresa solar subsidiaria de un grupo chino perdió su batalla legal para conectarse a la red eléctrica de Texas. El Quinto Circuito de Apelaciones confirmó en octubre de 2026 que Texas puede bloquear a empresas vinculadas a China de operar en infraestructura crítica estatal, y que la ley federal de inversión extranjera no anula esa prohibición.

Momodou Jatta fue golpeado hasta el coma en Gambia por citar a Obama en una clase universitaria. El juez de inmigración le creyó. Aun así, el Octavo Circuito le negó el asilo en octubre de 2026 porque el gobierno gambiano cambió. Su caso muestra cómo un nuevo presidente en su país puede destruir legalmente su solicitud de asilo en EE.UU.

El Primer Circuito confirmó en octubre de 2026 la anulación de la condena de Mara Morillo, una mujer venezolana que se declaró culpable de cargos de drogas porque su abogado le prometió que podría «arreglar» su situación migratoria después. Esa promesa era falsa: la condena la hacía deportable de inmediato y permanentemente inadmisible. El fallo establece un precedente sobre el derecho de los inmigrantes a recibir asesoría legal correcta antes de aceptar un acuerdo de culpabilidad.

El Noveno Circuito negó en octubre de 2026 revisar su estándar más flexible para órdenes judiciales preliminares, una herramienta clave para detener deportaciones. Diez jueces disidentes advirtieron que ese estándar contradice precedentes de la Corte Suprema. Mientras el debate continúa, el estándar actual sigue vigente en nueve estados del oeste de EE.UU.

La Corte Suprema de Hawái rechazó en octubre de 2026 la apelación de dos empresas inmobiliarias en un caso que involucra a decenas de inversionistas del programa EB-5, en su mayoría de origen chino y japonés. El fallo deja firme una decisión anterior y mantiene vivo el litigio contra los promotores del proyecto. Para quienes invierten en busca de una green card, el caso es una señal de alerta sobre los riesgos de los centros regionales.

¿Puede el gobierno de EE.UU. pagar una campaña publicitaria para convencer a personas de que soliciten asilo? Eso es exactamente lo que planea hacer la administración Trump con los afrikáneres de Sudáfrica. Según un documento de agosto de 2026 obtenido por The Guardian, el Departamento de Estado propuso gastar aproximadamente $335,000 en grupos focales, encuestas y una campaña digital de seis meses porque las solicitudes al programa de refugiados "fueron menores de lo esperado".

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El 30 de septiembre de 2026, CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) realizó el último vuelo operativo de su avión P-3 AEW, conocido como el "Dome", desde Jacksonville, Florida. Durante décadas, esa aeronave vigiló millones de millas cuadradas sobre el Caribe, el Golfo y Centroamérica, detectando rutas de migración irregular y narcotráfico antes de que llegaran a la frontera. Su retiro marca un cambio real en cómo CBP monitorea los cielos.

Un tribunal federal de Washington D.C. desestimó en octubre de 2026 la demanda de un residente de Nueva Jersey que esperaba dos años una decisión sobre su visa EB-5 de inversionista. El juez determinó que USCIS tiene discreción legal para decidir el orden y la forma en que procesa estas solicitudes, lo que deja a los solicitantes con pocas opciones judiciales para presionar por una respuesta.

Un tribunal de apelaciones de Ohio confirmó en octubre de 2026 que Thanh Luu, inmigrante no ciudadano, no puede retirar sus declaraciones de culpabilidad de 1998 para evitar la deportación. El fallo aplica la doctrina de cosa juzgada (res judicata) y cierra la puerta a quienes esperan décadas antes de impugnar una condena por sus consecuencias migratorias. La decisión advierte que los plazos para actuar importan tanto como los argumentos legales.

Dos distritos escolares de Virginia llevaban meses sin acceso directo a fondos federales por negarse a cambiar sus políticas sobre estudiantes transgénero. En octubre de 2026, el Cuarto Circuito de Apelaciones anuló la decisión que había bloqueado su demanda y ordenó que el caso continúe. La disputa define hasta dónde puede llegar el Departamento de Educación para presionar a escuelas que reciben dinero federal.

Mitra Vahida esperó más de 18 meses una respuesta a su solicitud de visa F-1 para estudiar un doctorado en EE.UU. Cuando demandó al Departamento de Estado para forzar una decisión, un tribunal federal desestimó su caso. El fallo, emitido en octubre de 2026, muestra los límites reales que enfrentan los solicitantes de visa atrapados en el procesamiento administrativo.