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Llegó a EE.UU. en 1991 con un nombre, fue ordenado deportado en 1995, y nunca salió. En cambio, adoptó otra identidad, obtuvo una green card y se naturalizó como ciudadano estadounidense. Hoy, el gobierno federal busca quitarle esa ciudadanía.

Los arrestos de ICE están empujando a familias enteras a la pobreza en todo el país: cuando detienen al sostén del hogar, los ingresos desaparecen de un día para otro. Al mismo tiempo, más de un millón de inmigrantes han perdido su estatus migratorio desde el inicio de la segunda administración Trump. Las noticias de esta semana muestran que la presión sobre las comunidades inmigrantes no da señales de parar.

El 12 de agosto de 2026, un tribunal emitió un fallo en el caso K Alain v. CIR. Los detalles de la decisión — qué resolvió, a quién afecta y qué cambia — aún no son públicos. Seguimos el caso para informarle en cuanto haya información concreta.

ICE planea equipar a sus agentes con guantes capaces de aplicar descargas eléctricas dolorosas, con un presupuesto de hasta 20 millones de dólares. El dispositivo actúa en menos de tres segundos y es casi invisible para quienes estén alrededor. La ACLU ya advirtió que esto es una «receta para el daño» en comunidades inmigrantes.

¿Ocultó algo durante su proceso de naturalización? El Departamento de Justicia (DOJ) presentó 25 nuevas demandas de desnaturalización solo en las últimas semanas de julio y agosto de 2026, la mayor oleada registrada hasta ahora. Desde el 20 de enero de 2025, el total acumulado llegó a 123 casos civiles, un récord histórico según el propio DOJ.

El 6 de agosto de 2026, Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas para ampliar las categorías de niños que no tendrían derecho automático a la ciudadanía estadounidense. La ACLU y otros grupos presentaron el martes una demanda en un tribunal federal en Concord, New Hampshire, para bloquearlas. La disputa llega apenas semanas después de que la Corte Suprema rechazara el intento original de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento.

¿Puede el gobierno cancelarle la visa por un comentario en redes sociales o un arresto menor? La respuesta, según datos del propio Departamento de Estado, es sí. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, más de 175,000 visas han sido revocadas, a un ritmo cuatro veces mayor que en el último año de Biden. Y la lista de causas va desde crímenes graves hasta infracciones de tráfico y publicaciones en internet.

USCIS quiere que usted presente sus trámites migratorios en línea, y pronto podría no tener otra opción. La agencia reconoce que el descuento de $50 para quienes ya usan el sistema digital no funcionó, y ahora avanza hacia hacerlo obligatorio. El cambio podría afectar desde solicitudes de green card hasta permisos de trabajo y naturalizaciones.

86 negocios cubiertos por la orden federal de FinCEN presentaron 700,000 reportes de transacciones en efectivo antes del 23 de febrero de 2026. La política, diseñada para combatir el lavado de dinero de los cárteles mexicanos, ha devastado en cambio a pequeños negocios latinos en la frontera y a las comunidades inmigrantes que dependen de ellos para pagar la renta y enviar dinero a sus familias. Ahora varios tribunales federales han bloqueado su aplicación, pero la batalla legal sigue abierta.

Carmen Zurita pagó $300 en efectivo a una organización en Queens para que le presentara su solicitud de asilo. Semanas después, nadie le daba una respuesta clara sobre si el trámite se había hecho. Cuando por fin buscó a un abogado, descubrió que tenía audiencias pendientes de las que nadie le había avisado.

Carmen Zurita pagó $300 en efectivo a una organización de Queens para que presentara su solicitud de asilo. Nunca recibió un recibo, nunca supo si la presentaron, y se enteró de sus citas ante el tribunal de inmigración por cartas del gobierno. Su caso no es el único: la fiscal general de Nueva York investiga cinco denuncias contra La Jornada, y alrededor de 100 exclientes buscaron ayuda legal en otra organización del área.

El 11 de agosto de 2026, un tribunal emitió su decisión en el caso Duralev v. United States. Los detalles del fallo — qué resolvió el juez, a quién afecta y qué cambia — aún no son públicos. Seguimos el proceso para informarle en cuanto haya información concreta.

Un tribunal resolvió el caso Bangs v. Blanche en agosto de 2026, generando preguntas entre inmigrantes sobre cómo puede afectar sus propios procesos. Las decisiones judiciales en materia migratoria pueden cambiar procedimientos de un día para otro. Lo que importa ahora es saber si este fallo aplica a su situación.

El Fiscal General de California emitió en agosto de 2026 la Opinión 25-602, una resolución formal con peso legal directo sobre cómo las autoridades locales deben responder a solicitudes de ICE. Para los inmigrantes que viven en California, esto no es un debate abstracto: define qué protecciones reales tienen frente a una detención. Lo que diga esta opinión puede cambiar el resultado de casos de deportación activos.

¿Qué pasa si usted o un familiar estudia en Nueva York, Connecticut o Vermont con matrícula de residente estatal? El Departamento de Justicia (DOJ) presentó demandas en agosto de 2026 contra esos tres estados, buscando eliminar ese beneficio para personas sin estatus legal. Si el gobierno federal gana, las universidades de esos estados podrían dejar de ofrecer esa tarifa reducida a estudiantes indocumentados.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunciará hasta cuatro ciudades finalistas para repartir $300 millones en fondos policiales, pero con una condición que alarma a comunidades inmigrantes: las ciudades deben cooperar directamente con las operaciones de ICE. Varios alcaldes ya rechazaron aplicar. Lo que está en juego afecta directamente a quienes viven en esas ciudades.

Gabar Choli llegó a EE.UU. buscando asilo y terminó con un tubo nasogástrico insertado a la fuerza dos veces al día durante ocho meses. Ahora, desde Canadá, habla por primera vez sobre lo que vivió en el Centro de Detención Port Isabel, en Texas. Su caso podría ser el más largo de alimentación forzada documentado en detención de ICE hasta la fecha.

El 27 de julio de 2026, el TPS para Haití terminó oficialmente y miles de trabajadores haitianos perdieron su permiso de trabajo de un día para otro. En Brooklyn, restaurantes como Djon Djon perdieron la mitad de su personal y ven caer sus ventas hasta 60%. Para quienes quedaron sin estatus, el reloj corre y las opciones se reducen.

Dos jueces federales eliminaron el TPS para nacionales de Burma y Sudán del Sur, dejando a miles sin protección contra la deportación. En Nueva York, la ciudad ya terminó contratos de trabajadores haitianos por el mismo motivo. Y en Missouri, al menos cinco personas fueron detenidas por ICE en un rodeo familiar después de mostrar su identificación.

Un tribunal emitió su fallo en el caso Silva v. Rubio en agosto de 2026, en una disputa legal que involucra directamente a la autoridad del gobierno federal sobre inmigrantes. Para quienes están en procesos de deportación o remoción, este tipo de decisiones puede cambiar las reglas del juego. Lo que el fallo diga —y cómo lo use su abogado— puede marcar la diferencia entre quedarse o salir del país.