Jurisprudencia

Tenía su green card desde hace años y creyó que eso era suficiente para participar en las elecciones. En septiembre de 2026, un gran jurado federal acusó a diez residentes permanentes legales de votar ilegalmente en Minnesota — algunos también declararon falsamente ser ciudadanos estadounidenses. Las consecuencias incluyen cargos penales federales y deportación.

Omar Euceda, inmigrante de El Salvador con más de diecisiete años cumplidos de una condena por homicidio en Washington, D.C., solicitó una reducción de condena alegando su edad al momento del delito, las barreras del idioma en prisión y su inminente deportación. En octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia negó su solicitud. El fallo aclara cómo los tribunales deben evaluar estos factores, con consecuencias directas para otros inmigrantes en situaciones similares.

¿Qué pasa con su caso de inmigración si su abogado es suspendido por mentirle a la corte? En octubre de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) suspendió al abogado Mike Singh Sethi por seis meses después de que el Noveno Circuito lo sancionó por presentar un escrito con citas inventadas por inteligencia artificial y hacer declaraciones falsas sobre ese uso ante el tribunal.

¿Qué pasa si el patrocinador de un niño migrante no tiene los documentos que ORR exige desde 2025? Un tribunal federal del Distrito de Columbia falló en octubre de 2026 sobre las nuevas reglas de identidad e ingresos que el gobierno impuso a quienes quieren acoger a menores no acompañados, bloqueando en parte su aplicación. La decisión afecta directamente a familias que intentan reunirse con niños retenidos bajo custodia federal.

Dos personas de Juárez, México, fueron acusadas en Texas de traficar niños de entre 5 y 13 años a través de la frontera, dándoles gomitas con THC para sedarlos durante el cruce. Uno de los menores terminó hospitalizado con intoxicación por marihuana. HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) y el Departamento de Justicia lograron su extradición desde México un año después de la acusación formal.

Jesús Torres Vela cumplió su condena de 120 días en la cárcel del condado Bexar, en Texas, y salió el 18 de febrero de 2026. Afuera lo esperaba ICE. Desde entonces, nadie sabe dónde está, y en septiembre de 2026 un tribunal de apelaciones desestimó su caso por abandono. Lo que le pasó a Vela ilustra un riesgo real para cualquier inmigrante que enfrenta cargos penales en EE.UU.

Un tribunal militar de apelaciones confirmó en septiembre de 2026 la condena de Nixon Keago, cadete de la Academia Naval de EE.UU., por agresión sexual y allanamiento contra dos compañeras. El caso llegó a un segundo juicio después de que la Corte de Apelaciones para las Fuerzas Armadas (CAAF) anuló la primera condena de 25 años por errores en la selección del jurado. Esta vez, la sentencia de 10 años de confinamiento quedó firme.

¿Qué pasa cuando el gobierno federal rechaza su solicitud de expedientes personales? Un tribunal federal de Washington D.C. falló en septiembre de 2026 a favor del Ejército de EE.UU. en un caso donde un contratista exigía acceso a decenas de categorías de documentos sobre sí mismo. La decisión muestra los límites reales de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y qué errores evitar si usted planea hacer una solicitud similar.

Un tribunal federal del Distrito de Columbia respaldó a USCIS en septiembre de 2026 al confirmar la negación de una visa EB-5 a Viet Minh Tran, un ciudadano vietnamita que invirtió $500,000 en un proyecto en Connecticut. El caso revela cuán estrictos son los requisitos de documentación del origen de fondos en el programa de inversionistas inmigrantes. Para quienes planean solicitar esta visa, el fallo es una advertencia concreta sobre qué puede salir mal.

¿Su visa fue rechazada bajo la Sección 221(g) y lleva meses —o años— en "procesamiento administrativo" sin respuesta? Un tribunal federal en Washington D.C. desestimó en septiembre de 2026 una demanda que buscaba obligar al gobierno a tomar una decisión final. El fallo confirma que ese rechazo inicial ya cuenta como una decisión legal, y que los tribunales no pueden forzar al Departamento de Estado a actuar más rápido.

La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al gobierno a deportar inmigrantes a países peligrosos —distintos a su país de origen— sin darles la oportunidad de alegar miedo a tortura o persecución. La decisión, tomada por seis jueces conservadores, entra en vigor de inmediato y afecta a miles de personas en proceso de remoción. Los argumentos orales sobre el fondo del caso están programados para diciembre.

Una inversora india esperó más de 19 meses sin respuesta de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) sobre su petición EB-5 y demandó al gobierno para forzar una decisión. En septiembre de 2026, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia desestimó el caso: la ley de inmigración le quita a los jueces la autoridad para ordenar a USCIS que acelere ese proceso. El fallo cierra una vía legal que muchos solicitantes EB-5 creían disponible.

Luis Dulce aceptó un acuerdo de culpabilidad en Nueva York pensando que el asunto quedaba resuelto. En septiembre de 2026, el tribunal de apelaciones confirmó su condena y dejó en claro que sí se le informó sobre las consecuencias migratorias. El caso es una advertencia directa para cualquier inmigrante que enfrente cargos penales en EE.UU.

El Sexto Circuito de Apelaciones confirmó en septiembre de 2026 la condena por reingreso ilegal de un ciudadano mexicano que alegó que el cartel de Sinaloa lo amenazaba de muerte. El tribunal rechazó la defensa de coacción porque el acusado vivió cinco años en EE.UU. sin entregarse a las autoridades. El fallo establece un precedente claro sobre los límites de ese argumento en casos de reingreso ilegal.

El Departamento de Justicia anunció en septiembre de 2026 el programa de subsidios ANGEL, diseñado para financiar a policías estatales, locales y tribales que participen en operaciones de arresto y detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. El programa es relevante para millones de inmigrantes en ciudades que hasta ahora aplicaban políticas de santuario, porque abre la puerta a que departamentos de policía locales colaboren activamente con ICE.