Jurisprudencia

Cuatro homicidios en Woodbridge, Virginia, en el verano de 2019 llevaron a un juicio federal de dos semanas contra tres miembros de MS-13. El 3 de septiembre de 2026, el Cuarto Circuito confirmó dos condenas y anuló una tercera — no por inocencia, sino por un error del juez durante el juicio.

Voluntarios que asistían a audiencias de inmigración para documentar si el gobierno respetaba los derechos de los inmigrantes se encontraron con puertas cerradas, literalmente. En septiembre de 2026, un juez federal reconoció que esas restricciones probablemente violaron la ley federal, aunque no ordenó al gobierno que las revirtiera. Lo que el fallo revela sobre el acceso público a los tribunales de inmigración afecta a cualquier persona con un familiar en proceso de deportación.

Una orden de deportación llegó sin que el inmigrante lo supiera, y cuando intentó reabrir su caso, ya era demasiado tarde. El BIA usó ese caso en septiembre de 2026 para revocar una protección que existía desde 2001. Ahora, si usted no actualizó su dirección con el gobierno, puede ser deportado en ausencia aunque nunca haya recibido el aviso.

Más de $16,400 millones en fondos federales TANF están en juego. El Departamento de Justicia emitió el 1 de septiembre de 2026 una opinión legal que obliga a todos los organismos estatales —no solo a los que administran beneficios— a reportar a personas sin estatus legal a las autoridades federales de inmigración. El cambio afecta a los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios.

Un guatemalteco que cooperó con la DEA para encarcelar a miembros de un cartel perdió su última oportunidad de evitar la deportación, no por falta de méritos, sino por un error procesal. El Octavo Circuito de Apelaciones desestimó su caso en septiembre de 2026 porque apeló solo la negativa de protección CAT, sin impugnar la orden de deportación. El fallo fija una trampa legal que puede afectar a miles de personas en procedimientos similares.

Un juez federal en Washington rechazó en septiembre de 2026 el intento de varias organizaciones de derechos humanos de reabrir un caso contra el acuerdo que permitió enviar inmigrantes desde custodia estadounidense a prisiones en El Salvador. El tribunal mantuvo su posición: anular ese acuerdo diplomático no habría cambiado nada, porque el gobierno tenía autoridad legal propia para hacer lo mismo. La decisión marca un límite importante para quienes buscan impugnar estas deportaciones en los tribunales.

Un juez de inmigración interrumpió el testimonio de Demetrio Urias-Gaxiola en plena audiencia y lo ordenó deportar, basándose en una admisión que su propio abogado había escrito por error. En septiembre de 2026, el Noveno Circuito de Apelaciones le dio la razón: nadie puede ser deportado sin que un juez escuche primero su versión de los hechos. El fallo abre una puerta importante para quienes enfrentan deportación por errores cometidos por sus abogados.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló en septiembre de 2026 una orden que permitía al gobierno de EE.UU. confiscar más de un millón de dólares depositados en un banco de Liechtenstein. El fallo establece que un tribunal federal no puede ejercer jurisdicción sobre bienes en el extranjero si no tiene control real o constructivo sobre ellos. Para inmigrantes con activos fuera de EE.UU. que enfrentan procesos civiles de confiscación, esta decisión cambia las reglas del juego.

Un tribunal federal de apelaciones dictó el 1 de septiembre de 2026 un fallo precedencial: los titulares de visa de no inmigrante no tienen derecho constitucional a poseer armas en EE.UU. El caso surgió cuando un salvadoreño con permiso de trabajo fue detenido en Pensilvania con una pistola cargada. La decisión tiene consecuencias directas para millones de personas con visas temporales en el país.

Lleva años viviendo en EE.UU. con una orden de deportación pendiente y cree que una nueva decisión judicial podría salvarle. Eso es exactamente lo que intentó José Arcenio Aristy-Rosa durante 15 años, con cuatro recursos distintos. En septiembre de 2026, el Tercer Circuito cerró la puerta de forma definitiva y estableció una regla que afecta a miles de personas en procedimientos de remoción (removal proceedings).

¿Qué pasa si usted tiene una condena antigua por un delito menor y ahora enfrenta deportación? El Séptimo Circuito de Apelaciones resolvió en septiembre de 2026 que una declaración de culpabilidad por negligencia infantil en Wisconsin bloqueó completamente la solicitud de cancelación de deportación (cancellation of removal) de María Reynoso-Salgado, quien vivió en EE.UU. desde 1997. El fallo establece un precedente que puede afectar a inmigrantes con condenas similares en varios estados.

¿Qué pasa si su hijo tiene asma y usted argumenta que no podrá pagar su tratamiento si lo deportan? El Primer Circuito de Apelaciones respondió esa pregunta en septiembre de 2026 con un fallo que afecta a miles de inmigrantes en procedimientos de remoción. La respuesta del tribunal fue clara: decir que cree que no podrá pagar no es suficiente.

Tenía su green card y creyó que eso lo protegía. En agosto de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito le dijo que no. El fallo en el caso Dziedziach v. Blanche establece que una condena por conspiración para intimidar testigos es un delito de torpeza moral que justifica la deportación de un residente permanente, y la decisión tiene implicaciones directas para otros inmigrantes con antecedentes penales.

George Jadue pasó años como agente federal, superó múltiples investigaciones de antecedentes y llegó a trabajar como investigador criminal de ICE. En agosto de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal cerró definitivamente su caso: el despido por falta de candor fue válido. Lo que reveló el proceso importa a cualquier persona que trabaje o quiera trabajar para el gobierno federal.

El Noveno Circuito de Apelaciones falló este 31 de agosto de 2026 que la regla federal que bloqueaba el asilo a migrantes que cruzaron entre puertos de entrada es ilegal. La decisión puede beneficiar a miles de solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron negadas bajo esa norma entre 2023 y 2025. La familia guatemalteca que llevó el caso huyó de un pandillero que asesinó a la hermana del solicitante principal.