Jurisprudencia

Genci Voja invirtió $500,000 en una empresa en Illinois para obtener una visa EB-5 y, tras años de trámites, un tribunal federal en Washington D.C. confirmó en septiembre de 2026 que USCIS tenía razón al negarla. El problema no fue el monto invertido, sino que Voja no pudo demostrar de dónde venía ese dinero. Para cualquier persona que planea solicitar una visa de inversionista, este fallo deja una advertencia muy clara.

¿Puede un juez de inmigración reabrir su caso alegando que el proceso fue injusto, sin pruebas concretas? La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) respondió esa pregunta en septiembre de 2026 con un fallo contundente: no. El caso involucra a un ciudadano argelino nativo de Siria cuya solicitud de reapertura fue rechazada porque sus argumentos sobre parcialidad se basaron en suposiciones, no en hechos.

Un juez federal de Washington D.C. rechazó en septiembre de 2026 las demandas individuales de 42 solicitantes de la Visa de Diversidad (Diversity Visa, DV) que pedían que sus casos fueran procesados antes del 30 de septiembre. El tribunal determinó que esos solicitantes ya están cubiertos por una orden colectiva dictada en California y no pueden buscar alivio separado. Para miles de seleccionados del programa DV cuyo estatus vence al final del año fiscal, la decisión define dónde y cómo pueden exigir que sus solicitudes avancen.

Juan Manuel Ramirez Sandoval llevaba años esperando un segundo juicio cuando los tribunales de Carolina del Sur no pudieron conseguir dos intérpretes de español. El juez desestimó los cargos por violación al derecho a un juicio rápido. En septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones revirtió esa decisión — y el fallo cambia lo que los inmigrantes hispanohablantes pueden esperar dentro del sistema judicial penal.

Un tribunal federal de Washington D.C. falló en septiembre de 2026 parcialmente a favor de Elias, un menor guatemalteco que fue deportado de EE.UU. sin haber tenido una audiencia ante un juez de inmigración. El caso expone una falla grave en el proceso de remoción de menores no acompañados y sienta un precedente sobre los derechos que protegen a estos niños bajo la ley federal.

Un juez federal en Washington D.C. desestimó en septiembre de 2026 la demanda de Joaquin Mario Valencia Trujillo contra el Departamento del Tesoro, quien buscaba registros de una investigación de drogas del año 2000. El tribunal determinó que el Tesoro no tenía obligación de entregar esos documentos porque la agencia que los generó —el antiguo Servicio de Aduanas— ya no depende de esa dependencia. La decisión tiene implicaciones directas para cualquier inmigrante que intente obtener registros federales para su defensa legal.

327 niños guatemaltecos no acompañados estuvieron a punto de ser deportados en medio de la noche sin audiencia ante un juez de inmigración. Un tribunal federal del Distrito de Columbia falló en septiembre de 2026 sobre ese operativo del Día del Trabajo de 2025, en el que menores fueron sacados de sus camas con horas de aviso. Lo que el juez decidió cambia el debate sobre los derechos de los menores migrantes en custodia federal.

Dos hermanos iraquíes esperaron casi 17 años para reunirse con su familiar en EE.UU. Cuando finalmente demandaron al gobierno para forzar una decisión, un tribunal federal desestimó su caso. La visa del hijo de uno de ellos sigue pendiente, y la familia sigue separada.

Una mujer identificada como Jane Doe fue obligada a declarar con su nombre real en un juicio por agresión sexual, a pesar de tener una orden judicial previa que le permitía usar seudónimo. Cuando intentó que borraran su nombre de las transcripciones oficiales, el Tribunal Supremo de Connecticut le cerró la puerta en septiembre de 2026. La decisión sienta un precedente que afecta los derechos de privacidad de víctimas en casos penales donde el acusado fue absuelto.

¿Qué pasa si el juez fija una fianza que usted no puede pagar y solo menciona la gravedad del delito para negarle la reducción? En septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Florida falló que eso es un abuso de discreción: el juez está obligado por ley a evaluar todos los factores relevantes, incluyendo su situación financiera, sus lazos con la comunidad y si representa un riesgo real de fuga. La decisión sienta un precedente práctico para cualquier persona que enfrente una audiencia de fianza en Florida.

Ashley Briana Cuber, abogada con licencia en Washington, quedó suspendida por un año ante todas las cortes de inmigración de EE.UU. y ante el DHS tras una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración emitida en septiembre de 2026. La suspensión se activó porque Washington ya la había sancionado definitivamente, y Cuber no respondió al proceso disciplinario federal. Sus clientes con casos activos quedan sin representación.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó en septiembre de 2026 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola la ley cuando deporta a inmigrantes a países que nunca aparecieron en su orden de remoción sin avisarles ni darles la oportunidad de alegar miedo. El fallo protege a una clase de personas con órdenes finales de deportación que enfrentaban traslados a terceros países sin ningún proceso. Para miles de inmigrantes detenidos, esto significa que ahora tienen derechos concretos antes de ser enviados a un país desconocido.

El Segundo Circuito de Apelaciones resolvió en septiembre de 2026 que el gobierno puede revisar el celular de cualquier viajero en la frontera sin orden judicial ni sospecha previa. El fallo surgió del caso de un residente permanente condenado por fraude bancario, pero su alcance cubre a todos los que cruzan hacia EE.UU., incluyendo titulares de green card y solicitantes de visa.

Sanny Montefar Nemis llegó a EE.UU. desde Filipinas, obtuvo su green card y recibió solo probatoria por conspirar para cometer fraude en visas H-1B. Pensó que lo peor había pasado. El 17 de septiembre de 2026, el Segundo Circuito confirmó su deportación, estableciendo que presentar documentos falsos ante inmigración es un crimen de vileza moral que elimina el estatus de residente permanente.

Una mujer nicaragüense perdió su caso de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en septiembre de 2026 después de que el tribunal determinara que su condena por fraude federal la hace inadmisible y permanentemente inelegible para la ciudadanía. El fallo revocó un precedente de 26 años y cierra la puerta a la tarjeta verde para cualquier inmigrante con una condena por delito grave agravado (aggravated felony), sin importar cuánto tiempo lleve en EE.UU.