Jurisprudencia

El Noveno Circuito negó en octubre de 2026 revisar su estándar más flexible para órdenes judiciales preliminares, una herramienta clave para detener deportaciones. Diez jueces disidentes advirtieron que ese estándar contradice precedentes de la Corte Suprema. Mientras el debate continúa, el estándar actual sigue vigente en nueve estados del oeste de EE.UU.

La Corte Suprema de Hawái rechazó en octubre de 2026 la apelación de dos empresas inmobiliarias en un caso que involucra a decenas de inversionistas del programa EB-5, en su mayoría de origen chino y japonés. El fallo deja firme una decisión anterior y mantiene vivo el litigio contra los promotores del proyecto. Para quienes invierten en busca de una green card, el caso es una señal de alerta sobre los riesgos de los centros regionales.

Un tribunal federal de Washington D.C. desestimó en octubre de 2026 la demanda de un residente de Nueva Jersey que esperaba dos años una decisión sobre su visa EB-5 de inversionista. El juez determinó que USCIS tiene discreción legal para decidir el orden y la forma en que procesa estas solicitudes, lo que deja a los solicitantes con pocas opciones judiciales para presionar por una respuesta.

Un tribunal de apelaciones de Ohio confirmó en octubre de 2026 que Thanh Luu, inmigrante no ciudadano, no puede retirar sus declaraciones de culpabilidad de 1998 para evitar la deportación. El fallo aplica la doctrina de cosa juzgada (res judicata) y cierra la puerta a quienes esperan décadas antes de impugnar una condena por sus consecuencias migratorias. La decisión advierte que los plazos para actuar importan tanto como los argumentos legales.

Dos distritos escolares de Virginia llevaban meses sin acceso directo a fondos federales por negarse a cambiar sus políticas sobre estudiantes transgénero. En octubre de 2026, el Cuarto Circuito de Apelaciones anuló la decisión que había bloqueado su demanda y ordenó que el caso continúe. La disputa define hasta dónde puede llegar el Departamento de Educación para presionar a escuelas que reciben dinero federal.

Mitra Vahida esperó más de 18 meses una respuesta a su solicitud de visa F-1 para estudiar un doctorado en EE.UU. Cuando demandó al Departamento de Estado para forzar una decisión, un tribunal federal desestimó su caso. El fallo, emitido en octubre de 2026, muestra los límites reales que enfrentan los solicitantes de visa atrapados en el procesamiento administrativo.

Maidelin Noemi Alvarado-Hernandez huyó de Honduras después de tres años de acoso, amenazas de muerte y lo que ella describió como un intento de secuestro de su hija. Aun así, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito negó su solicitud de asilo en octubre de 2026, respaldando la conclusión de que las amenazas que sufrió no alcanzaron el nivel legal de persecución. La decisión muestra cuán alto es ese estándar para quienes escapan de acosadores en Centroamérica.

¿Puede una condena estatal por abuso sexual cerrarle la puerta al asilo y a la tarjeta verde para siempre? En octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito respondió que sí: confirmó que la condena de Sofiqul Islam bajo la ley de Nueva York equivale a un "delito grave agravado" bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que lo hace deportable y lo excluye de casi toda protección migratoria.

Jenyfer Fajardo-Rivas y su hija huyeron de Honduras tras la desaparición de su esposo y las amenazas de muerte de la pandilla Calle 18. El BIA negó dos veces reabrir su caso de asilo. En octubre de 2026, el Cuarto Circuito anuló esa decisión y ordenó un nuevo análisis, estableciendo que las amenazas posteriores deben evaluarse dentro del contexto completo del caso.

La doctora Rasha Alawieh, nefróloga libanesa con visa H-1B patrocinada por Brown University, fue deportada desde el Aeropuerto Logan de Boston en marzo de 2025 tras una inspección de CBP. En octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó que los tribunales federales no tienen jurisdicción para revisar su orden de remoción expedita, dejando sin recurso judicial a quienes enfrentan este tipo de deportación.

Abasse Gakou, originario de Senegal, estaba a punto de ser deportado a Sierra Leone —un país que no es el suyo— cuando pidió a los tribunales que detuvieran su remoción. En octubre de 2026, el Quinto Circuito de Apelaciones negó esa solicitud y confirmó que las cortes tienen poder muy limitado para frenar una deportación una vez que ICE decide ejecutarla. El fallo tiene implicaciones directas para cualquier persona con orden de remoción activa en Texas, Louisiana o Mississippi.

¿Qué pasa si el gobierno federal usa datos de inmigración para borrar ciudadanos de las listas electorales? La jueza federal Sparkle Sooknanan anuló el viernes la política del Departamento de Justicia que recopilaba registros de votantes de los estados para compararlos con bases de datos migratorias. Al menos dos ciudadanos estadounidenses ya habían sido eliminados incorrectamente de las listas por ser identificados como no ciudadanos.

¿Qué pasa si el gobierno federal borra tu nombre del padrón electoral sin avisarte? Un tribunal federal de Washington D.C. anuló en octubre de 2026 una política del Departamento de Justicia que eliminaba a ciudadanos estadounidenses de las listas de votantes, comparando esos registros contra una base de datos de estatus migratorio llena de inexactitudes. La jueza Sparkle L. Sooknanan determinó que esa política violó al menos cuatro leyes federales.

Una mujer con doble ciudadanía francesa y gabonesa solicitó asilo en EE.UU. alegando persecución política. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) rechazó su caso en octubre de 2026 y estableció una regla que afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea: si pueden vivir legalmente en cualquier país de la UE, no califican para asilo en Estados Unidos.

Ifeoma Ojukwu vivía en Ohio desde hace décadas, casada con ciudadano estadounidense y con hijos nacidos aquí. Un juez de inmigración le había prohibido deportarla a Nigeria. Aun así, el gobierno la detuvo en septiembre de 2026 y planeó enviarla a Ghana, un país que no aparece en su orden de remoción, y la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito negó su solicitud de emergencia para detener ese traslado.