Jurisprudencia

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó en septiembre de 2026 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola la ley cuando deporta a inmigrantes a países que nunca aparecieron en su orden de remoción sin avisarles ni darles la oportunidad de alegar miedo. El fallo protege a una clase de personas con órdenes finales de deportación que enfrentaban traslados a terceros países sin ningún proceso. Para miles de inmigrantes detenidos, esto significa que ahora tienen derechos concretos antes de ser enviados a un país desconocido.

El Segundo Circuito de Apelaciones resolvió en septiembre de 2026 que el gobierno puede revisar el celular de cualquier viajero en la frontera sin orden judicial ni sospecha previa. El fallo surgió del caso de un residente permanente condenado por fraude bancario, pero su alcance cubre a todos los que cruzan hacia EE.UU., incluyendo titulares de green card y solicitantes de visa.

Sanny Montefar Nemis llegó a EE.UU. desde Filipinas, obtuvo su green card y recibió solo probatoria por conspirar para cometer fraude en visas H-1B. Pensó que lo peor había pasado. El 17 de septiembre de 2026, el Segundo Circuito confirmó su deportación, estableciendo que presentar documentos falsos ante inmigración es un crimen de vileza moral que elimina el estatus de residente permanente.

Una mujer nicaragüense perdió su caso de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en septiembre de 2026 después de que el tribunal determinara que su condena por fraude federal la hace inadmisible y permanentemente inelegible para la ciudadanía. El fallo revocó un precedente de 26 años y cierra la puerta a la tarjeta verde para cualquier inmigrante con una condena por delito grave agravado (aggravated felony), sin importar cuánto tiempo lleve en EE.UU.

Natalia Golban, ciudadana de Moldavia, solicitó asilo en EE.UU. y llegó hasta el Noveno Circuito. En septiembre de 2026, ese tribunal confirmó el rechazo de su caso porque las inconsistencias entre su testimonio y una carta de su madre destruyeron su credibilidad ante el juez. El fallo recuerda que en los casos de asilo, cómo cuenta su historia importa tanto como la historia misma.

Un tribunal de Carolina del Norte remandó en septiembre de 2026 un caso de custodia donde el juez había señalado que el estatus migratorio del padre era «poco claro» y que él quería llevar a su hija a Brasil. El Tribunal de Apelaciones no anuló la decisión, pero exigió conclusiones más detalladas. Para inmigrantes con hijos en EE.UU., el caso deja una advertencia concreta: el estatus migratorio puede influir en quién obtiene la custodia.

Un juez federal bloqueó la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que habría limitado las visas de estudiantes internacionales a cuatro años, un día antes de que entrara en vigor. El juez F. Dennis Saylor II, del Distrito de Massachusetts, calificó los argumentos del DHS como "excepcionalmente débiles" y dijo que el daño al sistema de educación superior sería "catastrófico". Cerca de 2.1 millones de personas con visas F y J pueden seguir bajo el sistema actual por ahora.

David Streever le envió un email furioso al director de ICE comparándolo con un nazi. Cinco meses después, agentes federales fueron a su casa, hablaron con su esposa y le dejaron una advertencia oficial amenazando con procesarlo penalmente. En septiembre de 2026, un juez federal en Washington D.C. falló que esa advertencia probablemente viola la Primera Enmienda y ordenó a ICE que no la use ni emita amenazas similares.

Un juez federal ordenó en septiembre de 2026 extender dos años más la supervisión judicial sobre ICE por el trato a jóvenes que ingresaron a EE.UU. como menores no acompañados y ya cumplieron 18 años. El tribunal encontró que ICE violó la orden de supervisión tres veces en menos de un año, justo antes de que esa orden expirara. La decisión mantiene vivas protecciones legales clave para este grupo vulnerable.

Nazira Haji Zada vivía en Fort Worth, Texas, con residencia legal, cuando el gobierno federal la llevó ante un tribunal que nunca antes había procesado a nadie. En septiembre de 2026, se convirtió en la primera persona deportada a través del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros (Alien Terrorist Removal Court, ATRC), una corte que el Congreso creó en 1996 pero que ninguna administración anterior había usado. Su caso cambia lo que el gobierno puede hacer contra inmigrantes acusados de apoyar el terrorismo.

Llevan años esperando una decisión sobre su visa U, sin poder salir de EE.UU. para ver a su familia. En septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito cerró una de las puertas que más de 150 solicitantes habían intentado abrir: obligar a USCIS a darles un permiso de salida y regreso (advance parole). El fallo no es una derrota total, pero sí cambia lo que pueden exigir legalmente.

El Departamento de Justicia completó en septiembre de 2026 su campaña para demandar a los 25 estados que ofrecen matrícula universitaria reducida a personas sin estatus migratorio legal. Seis estados ya perdieron en los tribunales y sus leyes fueron bloqueadas de forma permanente. Para estudiantes indocumentados en los 15 estados donde los casos siguen pendientes, el acceso a educación a precio de residente podría desaparecer con un solo fallo.

José Miguel Peña de la Cruz fue deportado a la República Dominicana en junio de 2025 mientras enfrentaba cargos federales de lavado de dinero. Un juez federal intentó protegerlo bloqueando cualquier futura acusación. En septiembre de 2026, el Primer Circuito de Apelaciones revocó esa protección.

Oscar Enrique Lopez Garcia y Juan Jose Rivera llevaban décadas viviendo en Estados Unidos cuando ICE los detuvo en octubre de 2025, sin fianza y sin explicación. En septiembre de 2026, el Cuarto Circuito federal falló que eso viola la ley, y la decisión puede afectar a miles de personas detenidas hoy.

Un juez de inmigración le concedió el asilo a un ciudadano indio. El gobierno apeló con 12 declaraciones de otros solicitantes que sonaban casi idénticas a la suya. En septiembre de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración revocó el asilo y sentó un precedente que puede afectar a miles de solicitantes: las declaraciones redactadas de otros casos sí pueden usarse para cuestionar su credibilidad, y usted no tiene derecho a interrogar a esas personas.